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lunes, 19 de julio de 2010

canal 11

Canal once, el engaño
Jenaro Villamil


MÉXICO, DF, 13 de julio (apro).- ¿A quién quiere engañar Felipe Calderón cuando afirma que el Canal Once se convertirá en “una televisión pública que promueva el debate democrático de las ideas”, y que su naturaleza es la de “una televisión del Estado mexicano pública, gratuita, abierta y plural”?

El anuncio realizado en transmisión simultánea –ya vimos que a Calderón le encantan los “encadenamientos” de sus mensajes-- se produjo en las instalaciones del antiguo canal educativo del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En esencia, fue la formalización de una mayor cobertura de esta señal para llegar a 42% del territorio nacional, incluyendo capitales como Guadalajara, Jalapa o Morelia. Anunció que “en breve” se incorporarán las ciudades de Mérida, Monterrey, Oaxaca y Durango a la cobertura de Canal Once.

Durante ese evento no hubo sociedad civil sino el conjunto de la burocracia de medios gubernamentales de la administración federal, la misma que con escasos recursos ha tratado de hacer en algunos medios un trabajo digno, a pesar del menosprecio de Los Pinos o el acoso incesante de Max Cortázar para convertir a estas señales en prolongaciones de la propaganda calderonista. Ni siquiera estos funcionarios creen que se trata realmente de una “tercera cadena pública”.

Se trata de una señal para la propaganda calderonista. Se busca el control político nuevamente de los medios permisionados para uniformar sus contenidos informativos, excluir a voces críticas y copiar los formatos de la televisión comercial para transformarlos en una especie de divertimentos burocratizados por la alta ineficacia telegénica de quienes administran Canal Once.

Basta ver lo que ha sucedido con la barra de programación de Canal Once durante este sexenio. Hubo varios intentos para desaparecer programas “incómodos” como el debate de los hombres de negro o el programa “Aquí nos tocó vivir” de Cristina Pacheco, que no coinciden con la idea de infoentretenimiento de su director Fernando Sariñana.

Luego se pirateó la idea de “Discutamos México” que inició el Canal 22 para volverlo una proyección de las fantasías calderonistas durante el Bicentenario y el Centenario. También se modificó el formato de los noticieros para que las notas principales sean las declaraciones de los miembros del gabinete, incluyendo a la primera dama Margarita Zavala, como si se tratara de una pasarela de funcionarios de una televisión soviética: sin imaginación, sin contraste crítico, sin hechos que informar.

Además, se incorporaron programas con los nuevos géneros híbridos de la televisión (realitys, concursos, talk shows, docudramas), pero sin una propuesta realmente alternativa para las audiencias. Se clausuró, sin explicación alguna, la figura del ombudsman de las audiencias de Canal Once porque al director cinematográfico que dirige esta señal le pareció aburrido atender los derechos de las audiencias.

Incluso se eliminó todo punto de vista crítico hacia el modelo de la televisión guiada por el rating y Canal Once no volvió a promover ningún debate profundo sobre la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión.

En fin, Canal Once se volvió una televisora dócil, cómoda no sólo para el gobierno federal sino para Televisa y TV Azteca.

Y Sariñana fue de los primeros en firmar ese fraude telegénico llamado “Iniciativa México”, como si se tratara de un proyecto del propio IPN.

Nunca fue un canal plenamente autónomo ni mucho menos un medio de la sociedad civil, pero durante décadas Canal Once fue cuidado por sus productores y algunos directores para que mantuviera una identidad propia, más allá de los vaivenes sexenales. Algunos lo lograron, otros no tanto. Pero con el calderonismo se retornó a las peores prácticas de una televisión del régimen priista, como si nada hubiera cambiado.

Incluso, hubo una operación burocrática altamente cuestionable. La creación por decreto del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA) implicó sacar de la esfera educativa (la SEP) la dirección de los medios oficiales para que retornara a la Secretaría de Gobernación, como si se tratara de un asunto de control político y no de proyecto cultural.

Miente Calderón cuando afirma que “la televisión pública mexicana seguirá siendo el emblema de la televisión educativa, cultural e informativa. Fortalecerá los valores que enriquecen y nutren nuestra mexicanidad”.

Miente porque el mismo anuncio es un ejemplo de que se trata de instrumentalizar el Canal Once para volverlo la “señal presidencial”. Lo público se confunde con lo gubernamental y la televisión educativa se transforma en una televisión de propaganda.

¿Por qué no estuvieron los anteriores directores de Canal Once? ¿Por qué se han excluido las experiencias previas de una señal que ha aportado mucho a la cultura televisiva mexicana?

Esta es la principal muestra de que se trata de un modelo excluyente, autorreferencial y, a fin de cuentas, sin el menor interés en el servicio público.

viernes, 25 de junio de 2010

marcha 10 de junio

Pemex se dobla ante el chantaje de los Zetas

REVISTA PROCESO:

REYNOSA, Tamps., 15 de junio (apro).- Pemex ya sabía que la situación era grave en las instalaciones de la cuenca de Burgos, en la frontera chica de Tamaulipas, pero no tomó precauciones...

El pasado 16 de mayo, ocho trabajadores de la empresa Delta, contratista de Pemex, desaparecieron en esa región. El viernes 21, cinco empleados petroleros que trabajaban en la estación de compresión Gigante 1, a unos 300 metros de La Ribereña, la carretera que comunica Nueva Ciudad Guerrero con Nuevo Laredo, fueron golpeados y amenazados. “No los queremos volver a ver por este lugar”, les dijeron supuestos zetas.

Asustados, los trabajadores, tres de los cuales están actualmente desaparecidos, levantaron un reporte del cual tuvieron conocimiento la paraestatal y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Pero sus jefes inmediatos, Ignacio Olea Acosta, Arturo Rodríguez y Adalberto Mancilla, los obligaron a volver. “No busquen pretextos para no trabajar, si se los vuelven a encontrar (a los sicarios) se regresan y ya”, les dijeron.

El domingo 23 de mayo, entre 9 y 10 de la mañana, en el cambio de turno, unos 40 hombres armados, con camuflaje militar y que viajaban en cuatro camionetas, irrumpieron en la estación. Sometieron a los trabajadores, los obligaron a tirarse al piso y les apuntaron con armas de alto calibre. Luego se llevaron a cinco de ellos y a un chofer de una empresa transportista en un camión que enfiló por la carretera rumbo a Nuevo Laredo.

Desde entonces, convoyes de sicarios patrullan esa zona y ni el Ejército, ni la Marina han logrado que la estación de compresión Gigante 1 vuelva a funcionar, con lo que la paraestatal deja de producir unos 120 millones de pies cúbicos de gas, según revela una fuente de la petrolera.

“No es que quieran adueñarse de la planta: no pueden usar el gas porque éste va por tuberías. Lo que quieren es el control total de la zona. Han lanzado amenazas de que secuestrarán a cualquiera que se presente a trabajar en esa planta”, asegura la fuente, quien reconoció que desde hace años estos grupos ya han robado combustible de los más de mil pozos que tiene la cuenca de Burgos, lo que les genera una ganancia calculada en más de 9 mil millones de pesos al año.

Lo que ocurre, dice, es que Los Zetas dominan todo el territorio de la frontera chica en los municipios de Mier hasta Nuevo Laredo, pasando por Ciudad Guerrero, que es donde se encuentra esta estación de compresión, parte de la cuenca de Burgos. “En la guerra que tienen ahora con el cártel del Golfo han intensificado su vigilancia; no quieren que nadie se acerque, que nadie pase por ahí sin su control, porque se están cuidando también de sus enemigos”, explica.

Incluso, apunta la fuente, estos grupos han arrebatado a sus propietarios ranchos y fincas en esa región y han sembrado el terror, al grado de que la mayoría de los habitantes de Nueva Ciudad Guerrero se han ido a Estados Unidos.

El chantaje

La versión que corre entre los empleados de la paraestatal es que Los Zetas le exigieron a la empresa 50 millones de pesos por dejarla operar en la zona, más una cuota mensual de 5 millones por protección y 10 mil dólares de rescate por cada uno de sus trabajadores secuestrados.

Éstos son Saúl García Ayala, instrumentista especializado en máquinas de compresión; Mario Zúñiga Salas, ayudante especializado instrumentista; Martín Franco Rivera, ayudante de mecánico; Christopher Cadena García, operador de primera de plantas de compresión, y Anselmo Sánchez Saldívar, mecánico especialista.

Sus familiares presentaron denuncia formal sobre su desaparición el 26 de mayo en la Agencia Cuarta del Fuero Común, en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas. Pero, según narran, prácticamente nada se ha hecho para la localización de los secuestrados. A 19 días de la desaparición, Pemex aún no ha presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), advierte Luis Armando Cadena Tijerina, padre de Christopher, uno de los desaparecidos.

Cuando los familiares esperaban el respaldo de la paraestatal para localizar a sus trabajadores sindicalizados, lo que han encontrado es el interés de Pemex por mantener este caso en silencio para no reconocer que un grupo delincuencial lo ha puesto en jaque.

En entrevista, Cadena Tijerina dice que Guillermo González Marrufo, encargado jurídico de Pemex, les notificó a los familiares que la denuncia no podía presentarse aún porque estaban esperando la declaración de Eduardo Zavala, el único trabajador que escapó del secuestro masivo.

Sin embargo, denuncia, fue la propia paraestatal la que le dio vacaciones a Zavala apenas ocurrieron los hechos, para que se fuera sin presentar su testimonio ante ninguna autoridad.

“Están tratando de evitar un escándalo y un reclamo o las demandas que podrían presentarse por los propios trabajadores desaparecidos o por sus familias”, señala Cadena.

“Las personas que están ahora secuestradas se presentaron a trabajar por responsabilidad, por cumplir con su trabajo y Pemex no hizo nada por atender las denuncias de lo que estaba pasando, por respaldarlos con vigilancia del ejército; no es justo que la paraestatal ni siquiera haya puesto una denuncia”, reclama.

El gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, y Miguel Ángel Maciel Torres, administrador del Activo Integral Burgos-Pemex, participaron el 26 de mayo en la sesión plenaria de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos, que preside el diputado tamaulipeco Edgar Melhem, sin que se mencionara la toma de las instalaciones ni el secuestro de los trabajadores.

Ni el sindicato

El pasado domingo 6 los familiares de los secuestrados fueron a un acto político en esta ciudad, donde el líder del STPRM, Carlos Romero Deschamps, daba el respaldo de su gremio al candidato priista al gobierno, Rodolfo Torre Cantú.

“¡Compañeros petroleros, apóyennos, estamos solos!”, decía una de las cartulinas que portaban. “Ahorita nos ponemos de acuerdo; ustedes saben que nosotros no le sacamos a los problemas”, les dijo Romero Deschamps por el micrófono. Sin embargo, una vez que terminó el acto político dio la orden de que cerraran la puerta del local para que los familiares no pudieran alcanzarlo.

Cadena Tijerina relata que también han acudido a la octava Zona Militar para pedir que busquen a los levantados. “Nos recibió un soldado raso que lo único que hizo fue darnos un número de teléfono para que estuviéramos comunicados, pero es una línea que nunca contestan, nunca hay gente en ese número”, reclama.

“Como están las cosas en esa zona, mientras no tengan una denuncia de la PGR sabemos que el Ejército no está haciendo nada”, expone el padre de uno de los petroleros.

Apunta que tanto el sindicato como la empresa les mandan a “puros peleles” que sólo les dan largas, pero que no les especifican qué están haciendo para localizar a los trabajadores.

“Para Pemex esto no ha ocurrido, no hay nadie secuestrado, quieren tenerlo en secreto pese a la gravedad de los hechos”, agrega. “Para ellos son sólo un número, para nosotros son personas queridas, que las queremos de regreso.

“¿Qué están haciendo nuestras autoridades, qué está haciendo nuestro presidente? En lugar de irse a Johannesburgo, al Mundial, debería atender las situaciones graves que estamos viviendo aquí en México”.

En el silencio, los familiares subieron a internet un correo con las fotos y las especificaciones de cada uno de los 5 petroleros plagiados.

En cuanto a los ocho trabajadores de Delta, se trató de consultar a la empresa pero los ejecutivos se negaron a da una entrevista. Sólo una empleada reconoció que había personal desaparecido, pero no quiso especificar nombres.

Algunos familiares de estos trabajadores han denunciado su secuestro por internet y han reclamado a la empresa que haga algo para su búsqueda, ya que ningún medio de comunicación ha publicado nada al respecto.

El secretario general de Gobierno de Tamaulipas, Hugo Andrés Araujo, reconoce que el secuestro de ambos grupos de trabajadores ha sido expuesto por Pemex en las reuniones del Consejo Interinstitucional de Seguridad.

Dice que entre los acuerdos que se han tomado está el de formar una comisión que establezca una estrategia de vigilancia de acuerdo con las condiciones especiales de la zona de la cuenca de Burgos, que abarca partes de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y cuyo acceso se complica por las múltiples brechas, caminos vecinales y terrenos despoblados donde están los más de mil pozos en explotación.

“Esto se venía dando (los levantones de trabajadores de Pemex) y de alguna manera pasaban unos días de que se reportaba y los ponían en libertad; pero ahora no ha ocurrido”, reconoce el secretario.

COMO ESTA EL PAIS PARA QUE UN GRUPO DE SICARIOS SE APODERE DE LAS REFINERIAS, SI EL PRESIDENTE FECAL NO PUEDE CON SU GUERRA CONTRA LOS SICARIOS QUE RENUNCIE POR INEFICIENTE,CORRUPTO, COMO ES POSIBLE QUE AHORA YA SE ATENTE CONTRA LAS VIDAS DE LOS TRABAJADORES.

ES RESPONSALBLE DE ESTE HECHO EL GOBIERNO FEDERAL.YA NO AGUANTAMOS A FELIPE CALDERON Y SU GOBIERNO FUERA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!